D. JOSÉ RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

Las redes internacionales de sociedad civil, de cooperación y de derechos humanos abajo firmantes, queremos expresar nuestra preocupación por la invitación que su gobierno ha realizado al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de mayo.

Como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, creemos que el traspaso de poder al señor Porfilio Lobo Sosa no solucionó el profundo conflicto democrático que afronta el gobierno de Honduras desde la perpetración del golpe de estado el 28 de junio del 2009. El reconocimiento rápido del gobierno de Honduras por parte de la comunidad internacional, es un pésimo precedente para Latinoamérica - región que celebra dos siglos de independencia, de construcción de democracia- y que creía ya superado los fantasmas de los golpes de Estado. Por tanto recordamos que :

1) El señor Lobo Sosa, fue electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.

El señor Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado sino que, como presidente de su partido político, no impidió que éste lo respaldara ; tampoco habiendo sido electo Presidente contribuyó para el restablecimiento previo de la democracia y el cumplimiento del Acuerdo Guaymuras-San José.

2) Como presidente del Partido Nacional, el señor Lobo Sosa, en el momento del golpe, influyó para que los diputados de su partido político, asimismo, lo respaldaran.

3) El señor Lobo Soza contribuyó con su partido político a otorgarle el título a Roberto Micheletti de diputado vitalicio, a la usanza de lo que lograra Pinochet en Chile, pese a que dicha figura es contraria a la Constitución hondureña.

Y, en su primer acto como gobernante firmó un decreto de amnistía para los involucrados en la realización y mantenimiento del régimen de facto.

4) Recordamos igualmente que el régimen de facto no desapareció con la transición presidencial ilegítima del último 27 de enero ; tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, así como otras instancias del Estado han estado comprometidas con el golpe de Estado y, por acción y omisión, con graves violaciones de derechos humanos, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional.

5) De igual manera, rechazamos la decisión de la Corte Suprema de declarar el sobreseimiento definitivo de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, alegando que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. Esta resolución del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, mostrando una vez más la politización del órgano judicial, la ausencia de garantías para establecer la verdad, para que se haga justicia y para que se repare a las víctimas.

6) Rechazamos el nombramiento de Romeo Vásquez, una de los rostros más visibles del golpe de Estado, como director de Hondutel, una de las empresas claves del Estado hondureño, con este nombramiento por parte de Lobo Sosa, se demuestra que éste no sólo no tiene voluntad de hacer cambios profundos, sino que sigue cumpliendo compromisos adquiridos con los responsables del golpe.

7) Solicitamos que se mantengan las sanciones sobre Honduras tanto a nivel de la cooperación internacional -salvo la dirigida directamente a organizaciones de la sociedad civil y la ayuda humanitaria-, como de las sanciones diplomáticas, de manera que no se acepte en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio. El restablecimiento de la cooperación internacional al Estado de Honduras debe estar condicionado a la depuración de los golpistas presentes en la dirección de las más importantes instituciones del Estado.

8) Pedimos repudiar el decreto de amnistía que está hecho para favorecer a los golpistas. El apoyo anunciado de España y, probable de la UE a la Comisión de la Verdad, debe estar condicionado a que realmente se garantice la imparcialidad, objetividad y a que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de otros golpes de Estado ni de los demás crímenes cometidos por los golpistas.

9) Destacamos que los días 22 y 23 de febrero de 2010 se celebró en México la Cumbre del Grupo Río, en la cual se aprobó la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta Cumbre no se invitó al presidente de Honduras debido a que la pertenencia del país a la Organización de Estados Americanos (OEA) está suspendida a causa del derrocamiento de Manuel Zelaya de la Presidencia el pasado 28 de junio. El gobierno de España, en el marco de su presidencia de la UE, debería ser consecuente y demostrar respecto a las resoluciones y decisiones de instancias regionales como el Grupo de Rio y considerar las consecuencias que ésto tiene para Latinoamérica.

10) Insistimos, por tanto, en que la Presidencia Española de la Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia.

Por todo lo expresado, insistimos ante la Presidencia Española de la Unión Europea para que retire la invitación otorgada al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en mayo próximo, en Madrid.

Creemos que mantener la invitación al señor Lobo Sosa afecta a las relaciones eurolatinoamericanas y es una señal negativa frente al futuro de la democracia en Latinoamérica.

Esperamos de la Presidencia Española que, en coherencia con sus fidelidades profundas y en defensa de los principios y talante democrático que ha mantenido en muchos espacios de la comunidad internacional, no defraude las expectativas que su Presidencia ha creado, y, de nuevo, aporte referentes valiosos para que sigan avanzando los procesos democratizadores en América Latina y el Caribe.

España no puede hacernos perder la credibilidad que teníamos puesta en su gestión presidencial.

Respetuosamente,

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