Por Alejandro Teitelbaum

Las tres instituciones principales de la Unión Europea son el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Los miembros de este último son elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los Estados Miembros.

El Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está constituído por los primeros ministros o Jefes de Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones participan en las reuniones los primeros ministros o jefes de Gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste el ministro correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a tratar (en temas de agricultura, asistirán los minstros de agricultura, etc).

El Consejo tiene seis responsabilidades básicas :

1. Aprobar leyes europeas (directrices) , en muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo. Pero, y esto es importante, por regla general el Consejo no toma la iniciativa y solo actúa a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento.

2. Coordinar las políticas económicas de los Estados miembros. Tarea a cargo de los Ministros de Economía y Hacienda,

3. Concluir acuerdos internacionales entre la UE y una o más organizaciones de Estados o internacionales. También puede concluir convenios entre los Estados miembros de la UE en determinados campos como el de impuestos, etc.

4. Aprobar el Presupuesto de la UE, junto con el Parlamento. El Consejo tiene la última decisión sobre los gastos obligatorios mientras que el Parlamento la tiene en los gastos no obligatorios, si no se ponen de acuerdo en la aprobación del presupuesto.

5. Desarrollar la política exterior y de seguridad común de la UE (PESC), basándose en las directrices decididas por el Consejo Europeo.

6. Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal (Justicia y asuntos de interior – CPJP).

El Consejo toma sus decisiones, según establezcan los Tratados, por unanimidad, por mayoría cualificada : se asigna a cada Estado miembro un número de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se toman las decisiones más importantes, y por mayoría simple para las decisiones de procedimiento.

El Parlamento, elegido por el voto directo de los ciudadanos, no tiene sin embargo el poder de iniciativa en materia legislativa, que corresponde en lo esencial a la Comisión Europea.

La Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de la Unión Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales, como ya se ha señalado.

El Consejo de la Unión Europea (reunión de los ministros o jefes de Estado de los Estados Miembros) designa, por mayoría calificada, al Presidente de la Comisión Europea y dicha designación se somete a la aprobación del Parlamento Europeo. El Presidente designado de la Comisión nombra, en consulta con el Consejo de Ministros , a los 27 Comisarios que componen la Comisión. El conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por mayoría simple, tras una serie de comparecencias de cada comisario ante las diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto, por mayoría calificada.

La función principal de la Comisión es proponer y poner en práctica las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el quasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado « primer pilar » de la Unión Europea, que son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros. Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la Comisión.

Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia. En los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho de iniciativa con el Consejo de Ministros.

Existe lo que se llama el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que juntos tienen el control total de las instituciones europeas.

Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un procedimiento de conciliación.

Así es como la política de la Unión Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la Comisión Europea.

Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta[1] cómo, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (que emite directivas extralimitando sus atribuciones) y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos-ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y rentables : las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.

El libro de de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado : en su punto de mira se halla ahora el correo, la salud, la educación y el medio ambiente. En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique de julio del 2000 (Susan George y Ellen Gould, Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher ) se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente : “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios” [2] .

El 4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas, incluido el suministro a particulares, a partir del 1º de julio de 2007.

Después del rechazo del proyecto Constitución Europea se elaboró un nuevo texto que firmaron los Gobiernos europeos en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

A diferencia del proyecto de Constitución, el nuevo texto conserva los tratados vigentes (Tratado de la Comunidad europea de 1957 y de Maastrich de 1992) aunque con modificaciones).

Salvo algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas prerrogativas, más bien formales, del Parlamento Europeo, resguardo en algunos aspectos de las facultades soberanas de los Estados nacionales), el nuevo tratado no modifica en nada la orientación prevaleciente de una normatividad y una práctica de las instituciones europeas poco democráticas y al servicio del gran capital.

La Unión Europea está negociando una serie de acuerdos regionales de asociación económica, (Economic Partnership Agreements- EPA), con países pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía mundial, promoverán el desarrollo sustentable y contribuirán a la erradicación de la pobreza. Los convenios propuestos bajo el Pacto de Cotonu eliminarían los aranceles a los productos de importación y facilitarían a los países de la UE la venta de bienes subsidiados .La UE negocia acuerdos similares con otros países pobres.

Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe titulado "Los EPA a través de los lentes de Kenia", publicado en setiembre de 2005, que el deteriorado sector manufacturero, la creciente pobreza y el desempleo en países como Kenia deben ser seriamente considerados antes de firmar estos convenios, agregando que la liberalización económica y comercial de los últimos años en ese país africano produjo "situaciones extremas", incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones", más de la mitad de la población keniata[3] .

En cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final de la Cumbre social de los pueblos, “Enlazando Alternativas” realizada en Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre otras cosas :

"....rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos. La estrategia de la Unión Europea "Europa Global : Competir en el mundo", supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social”.

En conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (con 20 millones de desocupados y donde las desigualdades no cesan de profundizarse), atlantista y belicista (participación en la guerra del Golfo y en las agresiones contra Yugoslavia, Irak y Afganistán) a las antípodas de lo que tendría que ser : una potencia independiente y pacífica en el concierto mundial, democrática y social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas y en un pie de igualdad con otras regiones y países.

No es de extrañar entonces que la abstención en las elecciones para el Parlamento Europeo sea cada vez más elevada, desde la primera elección en 1979 (40% de abstención) hasta las de junio de 2009, donde la media de abstención fue del 60% con picos entre el 75% y el 80% en algunos países.

Los pueblos europeos tienen conciencia de que la Unión Europea no representa sus intereses y que los Gobiernos que la integran (de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de sus instituciones y un giro hacia políticas sociales. Aunque tratan de reconquistar a la opinión pública con algunas reformas gatopardistas luego de cada rechazo popular en las urnas, cada vez más contundente.

El extraño destino de las subvenciones europeas a la agricultura (que pagan los contribuyentes).

Por primera vez en 2009 se ha hecho pública la lista de beneficiarios de las subvenciones agrícolas europeas.

Duques, condes, baronesas, príncipes y monarcas, figuran entre los privilegiados de la Política Agraria Común (PAC), uno de los pactos comunitarios más criticados por los países del tercer mundo, al considerarlo un factor de distorsión del marcado global y un freno al crecimiento económico de las naciones más pobres.

En la lista de las familias reales beneficiadas figura la monarquía británica, de acuerdo con la información publicada por los Ministerios de Agricultura de los países de la UE, que por primera vez están obligados a difundir el destino de los subsidios comunitarios tras la entrada en vigor de una nueva ley de transparencia el pasado 30 de abril.

Isabel II, reina de Inglaterra y considerada una de las mujeres más ricas del planeta, recibió 530.000 euros (US$742.943) por sus propiedades en Sandringham durante 2008. El futuro soberano, el Príncipe Carlos, recibió 180.000 euros (US$252.266), mientras que el Duque de Westminster, quien figura en el listado de los millonarios del Reino Unido, obtuvo 540.000 euros (US$756.851).

Pero no sólo la realeza británica está sacando provecho de la PAC, también la española. La Duquesa de Alba y sus hijos recibieron durante el ejercicio financiero correspondiente a 2008 más de 2 millones de euros (US$2.803.829) por medio de algunas de sus empresas como Euroexplotaciones Agrarias y Eurotécnicas Agrarias. Otras familias de apellidos conocidos entre la nobleza española que reciben fondos de Bruselas son Borbón, Osborne, Conde y Domecq. El Príncipe Joaquín I de Dinamarca recibió 265.020 euros (US$371.511) y en Bélgica, la familia real obtuvo 12.892 euros (US$18.070) para su jardín botánico en la localidad de Laeken, a las afueras de Bruselas.

Además de la realeza terrateniente, la industria agroalimentaria aparece como los gran beneficiaria de la ayuda comunitaria.

De acuerdo con Farmsubsidy, una organización que ha desarrollado el trabajo más exhaustivo para averiguar el destino final de las subvenciones, los fondos están en pocas manos. Un nuevo informe de la organización no gubernamental sostiene que 180 compañías italianas, 165 españolas, 47 holandesas, 38 portuguesas, 22 belgas, 21 británicas y 12 rumanas y búlgaras, recibieron en solitario aportaciones por más de 1 millón de euros (US$1.400.396).

Por ejemplo, las azucareras italianas Italia Zuccheri y Eridania Sadam se embolsaron 139 millones (US$194.746.683) y 125 millones de euros (175.141.381) respectivamente.

La trasnacional francesa Doux Group con clientes en más de 130 países obtuvo 62 millones de euros (US$86.878.504), mientras que la azucarera irlandesa Greencore Group 83 millones de euros (US$116.293.877). (Redacción de la BBC Mundo, 22 de mayo de 2009). Mientras tanto la Comisión Europea reclama a Francia que sus productores de frutas y verduras reintegren 500 millones de euros de subvenciones que recibieron entre 1992 y 2002, por causa de “distorsión de la competencia”.

Notas :

[1] Gérard de Selys, Privé de public. A qui profitent les privatisations ?, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.

[2] Un grupo de investigadores, que forma parte del Corporate Europe Observatory (CEO) ha publicado un estudio muy completo sobre el papel de las sociedades transnacionales en el seno de la Unión Europea : Belén Balanya, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma’anit y Erik Wesselius, Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d’affaires européens, Agone Editeur, Marseille, 2º trimestre del 2000. Edición original en inglés : Europe Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power, Pluto Press and CEO, 1999.

[3] Reports exposes impact of free trade deals. http://www.traidcraft.co.uk