por Gaby Kuppers [1]

Hace apenas tres años, en el mes de mayo de 2006, los países de la Comunidad Andina y Unión Europea anunciaron la negociación de un acuerdo de asociación. Desde el principio, el gobierno de Bolivia consideró que este acuerdo debe, en primer lugar, fomentar un desarrollo sustentable, apoyar la diversificación de las industrias nacionales y contribuir a la integración regional de la Comunidad Andina. Fue prolífero en propuestas de cómo conseguirlo, se puso a discutir punto por punto con la sociedad civil, invitó a sus socios de la Comunidad Andina a hacer lo mismo y desarrolló criterios para medir progresos en todos estos aspectos. Y levantó la voz, cuando la negociación entró en colisión con normativas andinas existentes y ratificadas por los cuatro países miembros, muy en particular en el tema de la propiedad intelectual y las patentes. Pero esto no le importó ni a la Comisión Europea, ni a los gobiernos neoliberales de la región. Al contrario, en noviembre del 2008, la Comisión Europa declaró que Bolivia no quería negociar, lo cual fue una simple inversión de los hechos. Y se puso a negociar un TLC, un Tratado de Libre Comercio, con Colombia y Perú, negociación a la cual se unió luego Ecuador. Lo que los unos intentan vender como victoria para Colombia y Perú, muy pronto se va a convertir en una pesadilla porque las poblaciones van a tener que pagar con su salud el libre comercio a la europea.

„La UE prevé en su acuerdo de libre comercio hasta penas de cárcel para infracciones contra las patentes de medicamentos“, se escandalizaba Portafolio en la segunda semana de febrero de 2009. Al principio el suplemento económico del diario conservador colombiano El Tiempo apoyó fervientemente el abandono de las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la UE y la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) en favor de negociaciones separadas con los estados “dispuestos”, léase los gobiernos neoliberales de la región. Pero el nuevo curso de la UE va, según lo admitió hasta el propio suplemento económico, demasiado lejos. Parece que a Colombia le salió muy pronto el tiro por la culata.

La Comisión de la UE tiene un problema, cuando define su política comercial : La UE es (todavía) el bloque económico más grande y el segundo bloque comercial del mundo, pero esto no va a durar por mucho tiempo más, pues los signos para la industria de exportación europea no son nada buenos. El marco multilateral, es decir la Organización Mundial del Comercio (OMC), se va desvaneciendo cada vez más como instrumento eficaz al servicio de la UE cuando se trata de forzar nuevas aperturas de mercados. La llamada Agenda de Doha, la última ronda de negociaciones de la OMC está congelada desde julio pasado y muy probablemente se murió entretanto de hipotermia. La crisis económica y financiera global sacude un sector económico tras otro. Y las empresas chinas, a pesar de todos los problemas que puedan tener, le siguen ganando terreno estadísticamente a la UE.

De ahí que en octubre de 2006 el comisario de comercio de la UE, el británico Peter Mandelson, comenzó a abandonar el multilateralismo de la OMC con una iniciativa llamada Global Europe. Apostó a reemplazar el multilateralismo por acuerdos bilaterales con países individuales. De esta manera quiso conseguir la apertura continuada de mercados extranjeros para productos europeos y asegurar el acceso ilimitado a recursos naturales, desmantelando a la vez todas las « barreras » comerciales, desde obstáculos burocráticos hasta legislaciones laborales y ambientales. A continuación abrió una rueda de negociaciones de TLCs, o sea Tratados de Libre Comercio (con Corea del Sur, India, con los estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático –ASEAN -, etc. ), mientras que en el caso de América Latina el Comisario prudentemente no usó esta denominación, por lo menos al comienzo, sino dejó en pie el principio de AdAs, o sea Acuerdos de Asociación, basándolos en tres componentes : capítulo de Comercio, Diálogo político y Cooperación al Desarrollo. Así se lanzaron dos AdAs paralelamente en el continente latinoamericano : con América Central y con la Comunidad Andina.

José Manuel Barroso, el presidente de la Comisión de la UE, acabó con todo eso en el caso de la Comunidad Andina cuando en noviembre de 2008 dijo que la Comisión de la UE sólo quiere seguir negociando con aquellos países que realmente estén por la apertura de mercados. En otras palabras, se quiso quitarse a Bolivia de encima que quería condicionar la apertura comercial a avances en el desarrollo del país. Colombia y Perú se pusieron en seguida a la orden. Vacilante, Ecuador se sumó luego a ellos. Particularmente el gobierno colombiano apuesta a un acuerdo de libre comercio con la UE para con ello presionar a EE.UU. En realidad ya hay un acuerdo de esa naturaleza negociado hace tiempo, pero el Congreso estadounidense bloquea su entrada en vigor señalando las considerables violaciones a los derechos humanos y laborales en ese país. Un acuerdo con la UE, especula el gobierno colombiano, rehabilitaría el país.

Efectivamente, Fernando Cardesa, jefe de la representación de la UE en Bogotá, expresó a comienzos de febrero del 2009 en una entrevista con la revista semanal colombiana Semana que los derechos humanos no forman parte de los acuerdos de comercio. [2]

El Presidente Uribe se debe haber restregado las manos al escuchar esto. Pero unos días después los negociadores de la UE en Bogotá hicieron propuestas en las primeras rondas separadas de negociación que seguramente bajaron los humos.

En el paquete de negociación de la UE la propiedad intelectual se lleva la palma. El acuerdo correspondiente de la OMC de 1994, TRIPS (ADPIC, por la siglas españolas), prevé flexibilidad para productos necesarios para la atención medicinal de los países en desarrollo. Los derechos de patente no son un fin en si mismo cuando se trata de la salud, dice textualmente. La posterior Declaración de Doha de 2001, confirmada en una toma de posición del presidente del Consejo TRIPS en 2003, dejó sentado nuevamente que todos los conflictos acerca de los derechos de patentes se deben resolver a favor de la salud pública. Aún en mayo de 2008 la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este punto de vista.

A pesar de ello la UE lo ve de otra manera e intenta imponer su enfoque a favor de los propietarios de patentes en los acuerdos bilaterales de libre comercio. Abriendo su pliego de demandas en Bogotá, la Comisión de la UE pidió que en el TLC con Colombia y Perú, las patentes sobre medicamentos tengan una validez de 25 años en vez de los 20 que hasta ahora son la regla general. Además, la protección de datos de los tests que preceden al permiso de producción debe ser prolongado de 5 a 11 años, imposibilitando así que se otorgue la licencia a productores de genéricos por un tiempo muy largo. Y, como coronamiento de este catálogo, la UE pide que las infracciones sean sancionadas con prisión. Con ello la Comisión de la UE quiere introducir en Colombia métodos de protección de patentes que ni siquiera puede imponer en sus propios países miembros. Pues en el 2007 el Parlamento Europeo (PE) rechazó el procesamiento penal por infracciones propuesto en las Segundas Líneas Directrices de Patentes de la UE. Cerrado este camino, la UE intenta ahora a puerta cerrada y teniendo la voz cantante, introducir el procesamiento penal en las negociaciones sobre un proyecto de Acuerdo comercial contra la falsificación (ACTA), un acuerdo plurilateral de los principales países industriales que está siendo tramado fuera del sistema de las Naciones Unidas. Las propuestas de Bogotá allanan el camino en esa dirección.

Las exigencias de la UE le darán el tiro final a los genéricos (medicamentos con la misma substancia activa que otros de marca ya existentes en el mercado cuyos derechos de patente ya expiraron). “En Colombia los medicamentos genéricos cuestan por lo menos cuatro veces menos que los productos de marca, a menudo mucho menos”, dijo Germán Holguín, presidente de la ONG Misión Salud, el 17 de febrero de 2009 en un encuentro de expertos en el Parlamento Europeo en el que fue evaluada la ronda de negociaciones de Bogotá con miras a las consecuencias para la salud. “El 70 % de los medicamentos que se venden en los países andinos son genéricos. Mucho más de la mitad de la población no tiene seguro de salud. Si la UE logra imponer sus propuestas la salud se volverá impagable, pues los genéricos desaparecerán del mercado. Esto es un peligro serio para la salud pública.”

Marianne Gumaelius de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea defendió el proceder de sus empleadores : “Justamente en tiempos de crisis la UE debe buscar nuevos instrumentos para crecer económicamente”. Y agregó que como los salarios en la UE son altos se deben conseguir ventajas competitivas por otras vías. La UE sería según ella, superior, no en bajos salarios, sino en otros campos como los de la creatividad y la investigación. Y eso, dijo, debe pagarse a través de los derechos de patente. Por otra parte, prosiguió, los derechos de patente del acuerdo de los TRIPS ya son algo antiguos y no están a la altura de los tiempos. Por lo cual la UE propondría a partir de ahora ir más allá del acuerdo TRIPS existente. « En las propuestas presentadas por la UE no se trata solamente de TRIPS-plus sino también de un TLC-plus », replicó Germán Holguín. Hasta los EE.UU. son más sensibles según él : el capítulo de derechos de patentes del acuerdo de libre comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia no va tan lejos como el de la UE.

La organización de Holguín calculó lo que le espera a Colombia cuando el TLC con EE.UU. entre en vigor. Es previsible un aumento del 46 % del índice de precios para medicamentos. Los gastos en salud subirán a 1000 millones de dólares estadounidenses, según la fundación IFARMA, lo que representa un 40 % del actual mercado colombiano de medicamentos. Más de cinco millones de colombianos perderían el acceso a una provisión básica de medicamentos. 1200 pacientes de sida verían sus expectativas de vidas acortadas entre 5,3 y 9, 9 años. [3] « ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de un acuerdo con la UE ? », preguntó Holguín.

Xavier Seuba, jurista de la Universidad Pompeu-Fabra en Barcelona, sacudió la cabeza ante la argumentación de Gumaelius. « El acuerdo de los TRIPS no está de ninguna manera superado, hay muchos países en vías de desarrollo, que todavía están en la fase de su primera implementación, permitida por la OMC », dijo, agregando que además la UE no protege la innovación porque desde hace décadas que no se desarrollan nuevos medicamentos en ella. Lo que la UE pretende es seguir cobrando dinero mediante una prolongación para los derechos de patente amortizados ya hace tiempo. Esto impide justamente la innovación : el que recibe dinero por nada, no investiga.

Gumaelius intentó convencer a la audiencia con otro argumento : « La falsificación de medicamentos significa un problema serio », dijo. « Hay que ponerle freno a este peligro con procesamiento penal. » Pero aún con ello no acabó de convencer a los presentes. « La iniciativa de la UE apunta al castigo de la violación de derechos de propiedad intelectual, y no a la supresión de la falsificación de pastillas », corrigió Teresa Alves de hai Europe (Health Action International) frente a las y los representantes de la Comisión. “La salud no se negocia”, consignó Holguín a continuación. „Apostamos a que el Parlamento Europeo nos apoye“. Pero el PE tiene muy pocas atribuciones en el campo de los acuerdos internacionales. Y Colombia no es el único caso. También en el nuevo acuerdo de partenariado económico con los países del Caribe (CARIFORUM) se encuentran veladas similares exigencias en beneficio de la industria farmacéutica. Acuerdos futuros no le irán a la zaga.

Traducción al castellano : Alicia Rivero