Escrito por Lisa Haugaard y Kell y Nicholls del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia

 Informe completo en castellano : http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf

 Download here the full report : http://www.usofficeoncolombia.org/docs/breaking-the-silence/breaking-the-silence.pdf

Introducción

Colombia tiene uno de los índices de desapariciones forzadas más altos del mundo. Ante la palabra “desapariciones” en el contexto de América Latina, la mayoría de la gente piensa solamente en Chile, donde 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, o en Argentina, donde 30.000 personas fueron desaparecidas durante la “guerra sucia”. Pero información reciente está develando las trágicas dimensiones de los desaparecidos de Colombia.

Es poca la atención que se presta a las desapariciones en Colombia. La razón de ello podría ser simplemente porque el número de víctimas de asesinatos, masacres, homicidios y bajas en combate—en los que existen cuerpos— es tan alto que las desapariciones quedan fuera del foco de interés. La habilidad del gobierno en proyectar una imagen de éxito también ha contribuido para que las desapariciones, junto con otros abusos de derechos humanos, sean menos visibles. El hecho que el conflicto siga activo dificulta prestarle atención a un crimen donde las pruebas son invisibles por definición. La reacción del gobierno colombiano y de la comunidad internacional ante el problema de las desapariciones ha sido retardada e insuficiente, incluso en comparación con los limitados programas y recursos legales de los que disponen otras víctimas del conflicto.

Desde 2007, el gobierno colombiano viene mejorando el proceso mediante el cual se registran las desapariciones forzadas en el país. A medida que los casos nuevos y viejos se van registrando en una base de datos consolidada, los números se elevan dramáticamente mes a mes. Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 desapariciones, cifra que incluye a personas desaparecidas que podrían estar vivas, en tanto que la Fiscalía General de la Nación habla de más de 32.000 “desapariciones forzadas”.

Más de 1130 casos nuevos de desapariciones forzadas han sido registrados en los últimos tres años. Aún así, la cifra total sigue sin conocerse. Son muchos los casos que todavía tienen que incluirse en la base de datos y hay muchas desapariciones que no están registradas. Las afirmaciones iniciales que hicieron las asociaciones de familiares de desaparecidos de alrededor de 15.000 desapariciones forzadas, más que ser una exageración, ahora parecen haber subestimado en gran medida el alcance de la tragedia.

Las víctimas de desapariciones forzadas de Colombia incluyen a defensores de derechos humanos, sindicalistas, afro-colombianos, indígenas, jóvenes y niñas adolescentes de zonas rurales en conflicto, entre otros. En las décadas de los 70 y 80, muchas víctimas desaparecieron tras ser detenidos por las fuerzas policiales o militares. A las guerrillas también se les atribuyen asesinatos y desapariciones.

Cuando en la década del 90 se expandió el fenómeno paramilitar, también aumentaron los casos de desapariciones a manos de paramilitares—grupos armados ilegales de derecha que recibían la colaboración de integrantes de las fuerzas armadas de Colombia. Los paramilitares solían destruir los cuerpos de sus víctimas, enterrarlos en fosas comunes o arrojarlos a los ríos.

Entre el 2004 y 2005, diferentes organizaciones colombianas de derechos humanos comenzaron a denunciar casos de soldados que detenían personas, que luego eran desaparecidas y que más tarde eran encontradas muertas y registradas como guerrilleros muertos en combate. A 2010, hay más de 3000 casos de ejecuciones de civiles cometidas por las fuerzas armadas que están siendo investigados por la justicia civil.

A las desapariciones forzadas se las ha utilizado como una herramienta para controlar comunidades y silenciar el disenso eliminando a los dirigentes de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de la oposición política, e infundiendo miedo entre las familias de las víctimas, comunidades y organizaciones. Colombia ha desarrollado un marco jurídico avanzado para encarar las desapariciones forzadas, pero rara vez es aplicado con firmeza.

La Constitución de 1991 prohíbe las desapariciones forzadas. Pero no fue hasta el 2000, después de una prolongada campaña que hicieran las asociaciones de familiares de desaparecidos, que se promulgó una ley prohibiendo las desapariciones forzadas y se definió las sanciones penales para dicho crimen.

La Ley 589 crea la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Desaparecidos, y un mecanismo de búsqueda urgente para localizar personas desaparecidas. La aprobación de la Ley 1408 en agosto de 2010 podría significar el fortalecimiento de los derechos de las víctimas, ya que apunta a “rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y a definir mecanismos para su localización e identificación”.

El acuerdo de desmovilización alcanzado entre el gobierno y las fuerzas paramilitares puso en marcha importantes cambios que incidieron en el tratamiento de las desapariciones forzadas.

A los paramilitares que pretendían reducir sus sentencias al amparo de la ley de Justicia y Paz que rige la desmovilización se les obligó a identificar sus crímenes, informando incluso el lugar donde estaban los cuerpos de sus víctimas. Miles de casos de desapariciones salieron a la luz. Sin embargo, las sentencias fueron limitadas a períodos de 5 a 8 años aún para los crímenes más atroces, y sólo dos paramilitares han sido hasta ahora condenados en este marco de justicia transicional.

Los parientes de los desaparecidos enfrentan muchos obstáculos. Los familiares y las asociaciones de familiares de desaparecidos son estigmatizados en Colombia, y a las víctimas se las presenta como guerrilleros que merecen el destino que les ha tocado. Los familiares de los desaparecidos suelen ser amenazados y desplazados a la fuerza.

Son pocos los casos de desapariciones que lograron llegar a juicio. El derecho de los familiares a participar plenamente en la búsqueda de sus seres queridos y de justicia está reconocido en lo abstracto pero no se cumple en la realidad. A los familiares se les ha forzado a declarar muertos a sus seres queridos y a detener la búsqueda a cambio de poder recibir la asistencia financiera que se ofrece a las víctimas.

Las desapariciones distan mucho de ser un problema del pasado. La tarea que enfrenta Colombia no sólo es encontrar a los desaparecidos y hacer justicia con las miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en los últimos treinta años. El desafío es terminar con la práctica de las desapariciones, porque en Colombia, todas las semanas, hay personas que siguen desapareciendo.