Fuente : http://www.justiciaporcolombia.org

La fórmula de la Prosperidad Democrática (eje central del programa gubernamental del presidente Juan Manuel Santos en torno al desarrollo social y económico del país, y que ha significado, en la práctica, una continuidad [1] de la Seguridad Democrática del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez) ha pretendido ser la respuesta del nuevo gobierno a la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia agravada por la persistencia del conflicto social y armado. En este nuevo marco, las distintas organizaciones de ámbito nacional e internacional que trabajamos en solidaridad con Colombia no hemos dudado en reconocer que, efectivamente, se ha producido un cambio en el discurso gubernamental, y recibir con expectativas la adopción de un tono "comedido" y "respetuoso" con las organizaciones y movimientos sociales.

Sin embargo, después de ocho meses de gobierno los hechos demuestran que, pese a las nuevas fórmulas del Gobierno de Santos, se mantienen en el país los niveles de "violencia sociopolítica, la impunidad y el conflicto social y armado [2], tal y como se hizo evidente en el último encuentro organizado por el MOVICE. El pasado 31 de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en su informe anual sobre DDHH en el 2010, señalaba los progresos del Gobierno de Santos al considerar que "el tono del debate nacional sobre ddhh en Colombia cambió de forma notable". Sin embargo, el documento también señala que, a pesar del "ambicioso programa de reformas en el que se embarcó el Gobierno colombiano, que incluye una nueva legislación para combatir la corrupción, la reforma del poder judicial, la restitución de la tierra a los desplazados y la compensación a las víctimas", la situación en Colombia "sigue siendo causa de preocupación" ; los y las defensoras de ddhh siguen siendo víctimas de violencia, intimidación y asesinato ; los pueblos indígenas y afrocolombianos sufren amenazas y masacres con niveles de impunidad muy altos ; fracaso en la desmovilización de paramilitares (Ley de Justicia y Paz del 2005) ; altos niveles de impunidad (especialmente para los casos de los falsos positivos [3] o ejecuciones extrajudiciales atribuidos a fuerzas de seguridad en los que solamente han sido condenados hasta la fecha 298 miembros del ejército frente a los aproximadamente 5.000 casos registrados en los últimos años).

Las cifras de agresiones contra los y las defensoras de los derechos humanos en Colombia no ha cambiado ; de acuerdo al Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH [4] en el 2010, al igual que en el 2009, 174 defensores(as) de derechos humanos y 68 organizaciones sociales y de ddhh fueron agredidas, estando las mujeres, los indígenas, y líderes de restitución de tierras entre los defensores(as) con mayor número de agresiones. Cabe destacar que el segundo semestre de 2010, coincidiendo con la llegada al Gobierno del Presidente Santos, fue el periodo más crítico con el 78% de los asesinatos de defensoras y defensores, y el 63% de las agresiones individuales. No en vano, la Oficina de la Alta Comisionada de NNUU para los DDHH señalaba con preocupación en un reciente informe "la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimiento e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes regiones del país". En este mismo sentido se manifestaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo, considerando sumamente grave el hecho de que el Estado de Colombia no haya dispuesto medidas efectivas de protección para los defensores y defensoras a pesar de tener pleno conocimiento de esta situación y del riesgo que corren estas personas y sus familiares. La labor que llevan a cabo es esencial para la construcción de una sociedad democrática por lo que la Comisión Interamericana llamaba al Estado a adoptar medidas inmediatas y urgentes para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las y los defensores. La patente precariedad en los resultados de las investigaciones penales en los casos donde las defensoras y defensores son víctimas muestra, finalmente, que la impunidad sigue siendo un grave problema en Colombia.

El pasado mes de enero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunciaba que en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan el todo el mundo como resultado de la violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en una pauta de comportamiento del Estado colombiano. En el 2010 fueron asesinados 51 sindicalistas, y en lo que va de año se han registrado 6 casos [5]. Estas cifras siguen situando a Colombia como el país con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo, casos que en la mayoría de los casos continúan en la impunidad.

Según el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentado a principios de este año, la situación de los pueblos indígenas se ha agravado con respecto a años anteriores con la implementación de macroproyectos de explotación de recursos naturales. El resultado en el 2010 fue el asesinato de 122 indígenas.

Otro dato preocupante es el incremento de las masacres perpetradas durante el 2010 (38 entre enero y noviembre de ese año) que superaron, según cifran oficiales, los totales anuales de cada año desde 2005, representando un incremento del 41 por ciento respecto del mismo, siendo los grupos sucesores del paramilitarismo "uno de los principales responsables de estas atrocidades" [6]. Solamente la semana del 8 al 12 de noviembre se produjo en Colombia una masacre diaria [7].

La Oficina Internacional de Derechos Humanos- Acción Colombia (Oidhaco) denunciaba a principios de este mes que, según cifras oficiales, existen al menos 27.300 casos de desapariciones forzadas en Colombia, 1.130 de ellos en los últimos tres años, "lo que lleva a concluir que cada día del año desaparece un activista, sindicalista o líder asociativo". En este sentido denunciaron la desaparición de la activista ecologista Sandra Viviana Cuéllar, de 26 años, desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali.

A pesar del que el actual gobierno ha insistido en hablar de "bandas criminales emergentes" (BACRIM) lo cierto es que estas "bandas" no son sino estructuras paramilitares que han tenido continuidad después del fracasado proceso de desmovilización que se dio en Colombia en el marco de la Ley de Justicia y Paz (de las 30 mil supuestas desmovilizaciones, 15 mil fueron falsas). En el último informe del Instituto Colombiano de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz se señala que de los "grupos que el Gobierno quiere mostrar como delincuentes comunes y redes del narcotráfico (...) hacen parte al menos 50 por ciento de los mandos medios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y jefes importantes de grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron o que lo hicieron como soldados rasos, siendo realmente comandantes". En el mismo informe se afirma que a lo largo del 2010 se ha incrementado la actividad de los grupos narcoparamilitares con respecto al 2009. También en recientes declaraciones, el congresista colombiano Iván Cepeda explicó que hoy en el país andino existe una vinculación entre las falsas desmovilizaciones (que se siguen dando en Colombia), la existencia actual de paramilitarismo en el país y los nexos de altos dirigentes políticos y empresariales con esos grupos, la denominada "parapolítica".

En este contexto, más de 200 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos europeos y latinoamericanos hemos manifestado nuestro rechazo a la ratificación del tratado de libre comercio entre la UE con Colombia y Perú (tratado que para entrar en vigor todavía debe ser apoyado por los parlamentos de cada parte implicada en la negociación). La persistente situación de violación de los derechos humanos, tal y como demuestran los últimos informes sobre la situación de Colombia del ámbito nacional e internacional, debe ser un elemento fundamental para el rechazo de este tratado "comercial" ; en caso contrario el mensaje que se trasmitiría sería el de recompensar a un gobierno "responsable del mayor nivel de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, así como de desapariciones de personas y desplazamientos forzados de población".

El acuerdo de libre comercio es en sí mismo una violación integral de los derechos humanos, de los derechos laborales, de la libertad de expresión, de participación, de asociación ; una vulneración de los derechos ambientales, culturales, a la alimentación y a la autodeterminación. Con su defensa y puesta en marcha se beneficia a las empresas multinacionales y a algunos grupos de gran poder económico y político en Perú y Colombia. Los impactos en la población trabajadora, la desarticulación sindical, los estragos en las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, en los jóvenes y las mujeres, conllevarán una pérdida de derechos, un agravamiento del conflicto social y armado en el caso colombiano, así como un aumento de las desigualdades regionales, de los daños ambientales irreparables y un marcado deterioro de derechos de trabajadores y trabajadoras en Europa. El ataque a los derechos humanos, la inequidad desbordante, el desempleo, el subempleo, la debacle bancaria, la crisis alimentaria y ambiental y la migración derivada se agravarán en Europa, en Colombia y en Perú.

Para concluir queremos expresar que la Prosperidad Democrática de Santos no dejará de ser un proyecto nominal mientras el gobierno no apueste por una política social de erradicación de los altos índices de desigualdad y una verdadera política de paz que incluya el desmonte de la estructura paramilitar, garantías reales para la labor de defensa de los derechos humanos, la reanudación de diálogos con los grupos guerrilleros, y el respeto por el derecho humanitario.

  Notas :

[1] Las diferencias entre las políticas de Uribe y Santos es una cuestión "de estilo y no de fondo". Declaraciones de Santos para el programa "Hora 25" de la Cadena SER, 8 de abril de 2011.

[2] Conclusiones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia donde convergen más de 300 organizaciones que aglutinan a 15.000 víctimas

[3] En el 2007, fecha en la que Santos era Ministro de Defensa de Colombia, se registraba la cifra más alta falsos positivos con 505 casos.

[4] Programa No gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos - Somos Defensores.http://justiciaporcolombia.org/node/356

[5] Informe de la CUT, marzo 2011.

[6] Según J. Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

[7] Comunicado de la CUT, del 19 de enero de 2011, en : http://justiciaporcolombia.org/node/327