Intervención de EDUARDO ESTEVEZ MARTIN, consejero del secretario general de la Confederación Sindical de las Américas CSA-CSI (TUCA-ITUC) en la audiencia del comité de comercio exterior del Parlamento Europeo (INTA) sobre el acuerdo de libre comercio UE/COLOMBIA - PERÚ el 29 de febrero en Bruselas.

Fuente : CSA-CSI

Desde el inicio de los procesos de asociaciones bi-regionales, e incluso desde antes, los movimientos sindicales de una y otra región hemos seguido con atención y expectativas que los pasos que fueron dando en forma conjunta cimentaran nuevos vínculos y una relación profundamente enraizada en nuestras historias como naciones, países y pueblos. Sin embargo, en estos diez años y, más allá de los insuficientes programas de cooperación y de diálogo político, no se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo equilibrado.

En oportunidad de la cuarta Cumbre Sindical UE/ALC, el movimiento sindical euro-latinoamericano propuso que el marco de las relaciones entre la UE/ y las sub-regiones de ALC se ampliara para que se incluyeran la dimensión socio-laboral, las cuestiones medioambientales y de migración, con el objetivo de aumentar la cohesión social en las subregiones. Hoy debemos constatar con profunda preocupación que el Tratado Multipartes UE/Colombia y Perú ya suscrito y cuya ratificación ha sido propuesta al parlamento Europeo transita intensa y esencialmente el carril comercial y además de los temas tradicionales del comercio, incluye liberalización de los servicios, solapando los servicios públicos y la posibilidad que los servicios esenciales se extiendan al conjunto de la sociedad. Se aplica una liberalización financiera que camina en el mismo sentido de lo que fue uno de los factores fundamentales de la crisis económica (laboral, medioambiental, alimentaria, etc. es decir sistémica) que continuamos confrontando..

Ya en el 2010, la CSA, la CES y las Coordinadoras Subregionales y con ellas la CSI, realizamos un llamamiento a los gobiernos durante la Cumbre ALC/UE de Madrid, en el cual solicitábamos “que no se firmen los acuerdos con Colombia y Perú, por ser contradictorios con el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, por tratarse de tratados de libre comercio y por la persistencia de la violencia en Colombia. Son motivos que desde el sindicalismo internacional, en pleno acuerdo con los sindicatos nacionales, hemos venido denunciando y que hoy lamentablemente debemos constatar no son considerados por los gobiernos de las dos regiones. Se trata, reiteramos, de un acuerdo que cristaliza injusticias, asimetrías y contra lo anunciado no ayuda a confrontar y resolver graves problemas que, particularmente en Colombia, enfrentan en relación a los derechos humanos. La CSA viene a esta audiencia para exponer ante los parlamentarios europeos los riesgos que constatamos y en consecuencia solicitar la no ratificación de los acuerdos.

Permítanme puntualizar las principales razones :

1- El Tratado va a contramano de la historia, tal como lo demuestra la crisis iniciada en 2008 y compromete el Desarrollo sustentable de los países

En función de los cambios del cuadro general de la economía mundial, es fundamental reestructurar el debate sobre el desarrollo, apuntando a la construcción de un futuro donde la producción, reestructurada en estándares ambientales sustentables, ocurra impulsada por el crecimiento del nivel de salarios y empleo digno y por la mejora de la seguridad en el trabajo y la calidad de vida. El período anterior, durante el cual fue gestado este tratado, representa la negación de esto, con la riqueza financiera y el endeudamiento público y privado expandiéndose exponencialmente. Es indispensable cambiar. Y por ello es extremadamente peligrosa la insistencia en recolocar en sus carriles el tren descompuesto del neoliberalismo, tal como se está imponiendo en los hoy llamados “Programas de Austeridad” que fuerzan una violenta reducción de los déficit presupuestarios a costa de la reducción de salarios, la reforma de los sistemas previsionales, privatizaciones, abaratamiento de los despidos, aumento del desempleo y liquidación del Patrimonio Público, etc, Los latinoamericanos ya conocimos los nefastos resultados de estos programas impulsados por el Fondo Monetario Internacional bajo el nombre de “Programas de Ajuste Estructural”. La misma música con los mismos intérpretes.

Es necesario, por tanto, construir un nuevo ambiente donde, a diferencia de la hegemonía del llamado “pensamiento único” y de los intereses financieros, sean abiertos efectivos espacios de negociación social con el objetivo de instaurar una economía socialmente regulada, al servicio del conjunto de la sociedad. Además es necesario que los Estados Nacionales vuelvan a regular y coordinar el conjunto de las políticas de Estado, en especial la política económica y financiera, en el sentido de que las inversiones se orienten a la producción y la garantía del pleno empleo y de trabajo decente y digno. Los Estados nacionales deben coordinarse y coordinar en cada país políticas públicas que operen a una distribución justa e igualitaria de la riqueza producida, en el que una política fiscal progresiva sirva para financiar el crecimiento de los ingresos y empleo, la ampliación y la mejora de la calidad de los servicios públicos y un sistema previsional justo previsible y sostenible. Ninguno de estos principios es reafirmado en el Tratado que estamos analizando, y por el contrario cercena aún mas las ya limitadas capacidades regulatorias del Estado en Perú y Colombia. En especial este Tratado otorga mas poder a las corporaciones transnacionales de origen europeo, al contrario de lo que demandamos junto a nuestros compañeros de la CES con quienes compartimos la idea de que “El poder casi absoluto que hoy detentan las ETNs. Deben ser limitado a través de mecanismos supranacionales especialmente de los estados mas frágiles”.

2-Se abandonó la visión de la cooperación bi-regional y se avanzó sólo en el aspecto de libre comercio.

A partir de la segunda mitad de los 90, las relaciones con la Unión europea estuvieron marcadas por el intento de construir juntos con los países de ALC, acuerdos de asociación que formalmente buscaban coordinar el diálogo político, la cooperación y la creación de zonas de libre comercio bi-regionales.

Siendo que originalmente se planteó como la negociación de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque (UE/CAN), en el curso de las negociaciones se ha desvirtuado el principio inicial para promover y concluir una negociación individual con Colombia y Perú. Esto como lo ha demostrado el poder devastador que tuvo el TLC Perú/ËEUU, atenta contra un tipo de cooperación regional que reivindicamos como estratégica para que, en el contexto de la crisis, los países del sur global superen la crisis vía la regulación y autonomía respecto de los flujos globales de finanzas y comercio.

Esta visión original más sensible a una idea de Desarrollo conjunto, de contemplación de asimetrías (tan cara a la construcción de la UE) y la cooperación e impulsora de la integración, fue paulatinamente abandonada para desembocar en la negociación de los temas de libre comercio y tratar solo de manera formal los demás asuntos- y donde el regateo central era una eventual apertura de mercados para productos primarios (en especial agricultura y minería) a cambio de la apertura de mercados para productos industriales, en servicios y compras gubernamentales, además de reglas de propiedad intelectual y de origen por parte de los países latinoamericanos.

Esto se ha cristalizado en el tratado que ahora discute el parlamento europeo y que sin duda contribuirá a consolidar la condición de Colombia y Perú, como proveedores de productos intensivos de recursos naturales para la UE. En las negociaciones de la UE y ALC, la mitad son productos latinoamericanos son primarios y un cuarto de productos manufacturados basados en recursos naturales, según datos del Centro de Estudios para América latina y el Caribe de Naciones Unidas-CEPAL, con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y la sociedad en su conjunto derivados de su perfil exportador.

Debemos considerar también las experiencias concretas de los acuerdos firmados por la UE con México y Chile, que acabaron resultando meros acuerdos de libre comercio que no han contribuido para alterar la calidad y el sentido de la realidad económica de esos países, uno (México) cada vez mas dependiente de los EEUU y Chile cada vez mas dependiente de sus exportaciones de bienes primarios al Asia.

3 -El acuerdo no resuelve el problema de la violencia antisindical que se vive especialmente en Colombia- Así como lo afirman la CSI y la CES en varios comunicados con juntos y en particular en su nota enviada el 31 de enero del 2011, confirmamos que la violencia sindical en Colombia perdura como una situación crónica.

No desconocemos que tanto el discurso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos como los acuerdos suscriptos (desde el 2006) entre el gobierno, las Centrales de Trabajadores y los empleadores y ciertos avances en la regulación laboral, la inscripción automática de las organizaciones sindicales, el ejercicio del derecho de huelga el desmonte gradual de las Cooperativas de Trabajo Asociado, la penalización de las violaciones a los derechos sindicales, constituyen una intencionalidad de procurar un mejoramiento de las graves situaciones confrontadas.

Pero : de buenas intenciones está plagado el camino del infierno. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Muchos de los puntos acordados por el gobierno con trabajadores y empleadores, continúan siendo materias pendientes.

El asesinato, amenazas y persecución contra dirigentes y trabajadores sindicalizados no dejan de seguir siendo una práctica recurrente, la falta de una enérgica acción gubernamental y la impunidad casi absoluta de los crímenes convierten a la militancia sindical en la más expuesta a violencia en el mundo. La destrucción de sindicatos, la flexibilización laboral así como la prácticamente nula negociación colectiva, completan un cuadro que este Tratado no contribuye a resolver pues no especifica las medidas que contribuirían a mejorar el desempeño de Colombia respecto de los Derechos Humanos(de los cuales los sindicales y laborales son parte), ni especifica medidas requeridas en caso de producirse complicidad o tolerancia de las violaciones de tales derechos. En definitiva el parlamento europeo corre el riesgo de aprobar un acuerdo que incluye expresas disposiciones sobre derechos humanos y derechos sindicales que retóricamente se ofrecen como soluciones a un problema pero que no se resolverá con su firma y que por ende continuará siendo tolerado.

4 -Se verifica insensible a la creciente amenaza del hombre al equilibrio medioambiental del planeta.

En el marco de la importancia que ha tomado en la agenda internacional los problemas sobre el cambio climático, un acuerdo como este, aumenta el ritmo de las actividades económicas con alto poder destructivo, desintegran nuestras sociedades y producen una baja ocupación de mano de obra, Nos referimos sobre todo a actividades extractivas y de uso intensivo del suelo y del agua como la minería los monocultivos y la actividad petrolera. Asimismo tendería a favorecer las falsas soluciones al cambio climático, violenta derechos de los pueblos originarios, promueve economías agroexportadoras de intensas materias primas (para etanol), promueve la expansión de la frontera agraria y por consiguiente una mayor deforestación. Y ponen límites al poder del estado para disponer la apropiación de una parte justa del ingreso generado por la explotación de recursos no renovables.

5- La participación social es banalizada y sus aportes se tornan irrelevantes para los gobiernos en el proceso negociador.

Ya en el 2010 en Madrid expresamos nuestra disconformidad con el desarrollo de las negociaciones llevadas a cabo con Perú y Colombia, pues apenas había habido información pública y la participación de la sociedad civil ha sido escasa y formalista.

Por lo demás, las numerosas gestiones, propuestas y comunicados conjuntos sindicales no han recibido respuesta o esta ha sido ambigua o denegatoria de las propuestas. La promesa de la Comisión Europea a la CES de incluir mecanismos mixtos de participación sindical para el cumplimiento de los aspectos referidos en los acuerdos a los derechos laborales no se ha visto reflejada en los textos finales, que sólo señalan unos débiles y confusos mecanismos de consulta ligados a la normativa y práctica nacional ; La inclusión de una clausula de suspensión unilateral del Tratado con Perú y Colombia en caso grave de violaciones de los derechos humanos, laborales y medioambientales ha sido fruto de la presión social, pero deja a la propia UE la interpretación de cuando se considera violación grave.

Esto podría transformar la cláusula en “neo- proteccionista” si no se contempla al menos la consulta previa de los interlocutores sociales y otros actores de la sociedad civil. 6-Acuerdo Mixto SI. Aplicación provisoria No Sabemos que el parlamento europeo no puede introducir cambios en el Tratado, por ello no podemos, por los argumentos mencionados, más que pedir un No a su ratificación.

No obstante para el caso de que la mayoría parlamentaria decidiera su aprobación, saludamos la orientación general del Servicio Jurídico de la UE y del Propio comité de Política Comercial han caracterizado el acuerdo como un “acuerdo mixto” ya que este incluye clausulas sobre biodiversidad, una clausula sobre armas de destrucción masiva y una clausula sobre derechos humanos y democracia, lo que exige la ratificación de los parlamentos nacionales.

Lo que resulta inaceptable es que se pretenda que los aspectos comerciales puedan tener una aplicación provisoria con la sola aprobación del Parlamento europeo y el colombiano (ya que Perú no requiere de ratificación del parlamento).

O el tratado es una integralidad o será un mero TLC mas, en el que los demás aspectos, sociales, políticos y medioambientales, quedarían supeditados a la aprobación de los 27 parlamentos miembros de la UE.

Muchas gracias.