Fuente : EFE

Bruselas, 29 feb (EFE).- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) debatió hoy en profundidad el tratado de libre comercio de la UE con Colombia y Perú, en el que quedaron patentes sus beneficios para las partes implicadas, pero también las dudas que sigue suscitando entre ecologistas y sindicalistas.

La Eurocámara acogió una multitudinaria audiencia pública con representantes de los gobiernos de los dos países, la Comisión Europea y la sociedad civil, que servirá para que los eurodiputados tomen una decisión sobre si deciden respaldar el acuerdo para que pueda entrar en vigor, o rechazarlo, en un voto que esperan celebrar en sesión plenaria en septiembre próximo.

"Es un acuerdo crucial para todas las partes. Abrirá la posibilidad a una nueva prosperidad, a nuevas fronteras", declaró el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien auguró un crecimiento del 1,3 % del PIB colombiano y de un 0,7 % del peruano a largo plazo, una vez entre en vigor el tratado.

Frente a las voces que aseguran que el acuerdo no mejorará la precaria situación de los derechos humanos en Colombia, o las condiciones laborales en Perú, De Gucht insistió en que la UE podrá aplicar unilateralmente la cláusula que permite la suspensión del tratado en caso de graves vulneraciones de las libertades fundamentales o las leyes laborales o medioambientales.

Además, se mostró convencido de que la aplicación del acuerdo promoverá más los derechos sindicales, así como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho o la integración social.

"Estamos en la ruta del crecimiento sostenido de la economía para luchar contra la pobreza y elevar los índices de empleo decente, digno", subrayó la vicepresidenta peruana, Marisol Espinoza, a la vez que insistió en que el tratado ayudará a "incorporar a los pequeños productores, antes invisibles, a la economía".

También valoró positivamente los esfuerzos de su país por promover una minería que respete los derechos laborales y el medio ambiente, la participación de las comunidades indígenas a través de la reciente ley de Consulta Previa o en la lucha antiterrorista.

El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, destacó igualmente la ley de restitución de tierras y reparación de las víctimas de la violencia en Colombia y los avances en materia de protección de activistas y sindicalistas, uno de los sectores más amenazados en ese país.

"No se trata de que la UE esté haciendo un favor a Colombia, ni Colombia a la UE", enfatizó, y dejó claro que "es un acuerdo entre iguales" que generará empleo en ambas partes.

Esa opinión no fue compartida por la coordinadora de la Red Peruana de Globalización con Igualdad, Alejandra Alayza, quien defendió que existen "asimetrías" entre la UE y Colombia y Perú.

Denunció, además, que el texto "no incluye mecanismos de seguimiento" y que la cláusula sobre derechos humanos no pueda ser "activada" por las organizaciones de la sociedad civil, sino únicamente por los gobiernos.

En el plano medioambiental, la portavoz de Amigos de la Tierra Colombia, Tatiana Rodríguez, hizo una alusión a una evaluación de impacto encargada por la Comisión Europea, que señala que la intensificación de las actividades agrícolas y extractivas al entrar en vigor el tratado en esos países "probablemente causará pobreza" y será "incompatible con las maneras tradicionales de cultivo".

Además, lamentó que la extracción de materiales sin transformar por parte de empresas europeas se haga "al menor costo posible y sin posibilidades reales de generar riqueza propia ni exportaciones de mayor valor agregado".

Por otro lado, el representante de la patronal europea, Adrian van der Hoven, se mostró partidario del acuerdo en tanto garantice respeto a la sostenibilidad y el medio ambiente, mientras que el consejero de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, Enrique Estévez, recomendó a la Eurocámara no respaldarlo por dar "aún más poder a las trasnacionales" y "abandonar la cooperación birregional y centrarse sólo en el libre comercio".

Por último, el ponente del informe parlamentario, el eurodiputado conservador Mario David, auguró crecimiento de las pymes gracias al acuerdo y expresó su confianza en que éste sirva de "palanca" para la aplicación de las nuevas leyes en favor de la población aludidas por los vicepresidentes.

Para que el tratado entre en vigor será necesario el respaldo de la Eurocámara, que espera emitir su voto el próximo septiembre. EFE