Por : Marcelo Saguier - ALAI [1]

La UE y el MERCOSUR reanudan las negociaciones para un acuerdo de asociación tras su estancamiento en 2004. Además de crisis financiera internacional, el contexto actual está signado por los crecientes cuestionamientos al impacto de las empresas transnacionales (ETs) por su falta de respeto a los derechos socio-ambientales y humanos.

Botnia es un caso testigo de esto. Los acuerdos comerciales muchas veces tienen motivaciones relacionadas al acceso a los recursos naturales. La perspectiva de un acuerdo inter-regional plantea interrogantes sobre el tipo de modelo de desarrollo al que aspiramos desde el MERCOSUR, así como su relación con los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos.

Los vínculos entre acuerdos comerciales, ETs y derechos humanos se han instalado como un tema ineludible en las dinámicas de relacionamiento entre América latina y los países industrializados. La ratificación parlamentaria de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia con los Estados Unidos y con Canadá no encuentra apoyo político a causa de los numerosos asesinatos a dirigentes sociales, desplazamientos forzosos de comunidades e impactos ambientales en ese país con la supuesta complicidad de ETs. Luego de dos años de intensos debates el parlamento canadiense viene de ratificar el cuestionado TLC, con una enmienda que incorpora un controversial mecanismo de evaluación impactos en los derechos humanos, laborales y ambientales. La ratificación del acuerdo plurilateral recientemente firmado entre la UE, Colombia y Perú pone en el escenario regional otro foco de conflictos.

El proceso UE-MERCOSUR no es ajeno a estos desarrollos. Muchas de las ETs europeas con inversiones en los países del bloque sudamericano están siendo interpeladas públicamente por complicidad en violaciones a derechos humanos y ambientales por una coalición de organizaciones sociales latinoamericanas y europeas (http://www.enlazandoalternativas.org), en coincidencia con eurodiputados que impulsan en el Parlamento europeo a una agenda de regulación para las inversiones europeas en el exterior.

Botnia : para muestra sirve un botón

Los conflictos e impactos socio-ambientales suscitados en torno a la finlandesa Botnia en el río Uruguay es demás evidencia de la necesidad de establecer criterios comunes sobre estándares, regulaciones y políticas a nivel del MERCOSUR para determinar tratamiento de las inversiones extranjeras directas, de acuerdo a pautas de sostenibilidad socio-ambiental y equilibrio regional. Un acuerdo con la UE que no contemple esto afectaría, no solo las condiciones de desarrollo sostenible en nuestra región, sino también las perspectivas de profundizar un proceso de integración sudamericano.

Como parte del proceso político de asociación, el MERCOSUR y la UE tienen la oportunidad de instaurar mecanismos institucionales que obliguen a las ETs a someterse a las normas internacionales. Los códigos OIT y las Directrices OCDE para empresas multinacionales pueden tomarse como referencia para aumentar la responsabilidad legal directa de las empresas matrices por acciones, así como las de sus respectivas empresas proveedoras y contratistas, en cualquiera de los países comprendidos por un eventual acuerdo. Asimismo, la obligatoriedad de la presentación de informes, como un derecho a la información publica, a cerca de los impactos socio-ambientales de las empresas.

Para esto es central el liderazgo de la política estatal coordinada con nuestros socios regionales, y en consulta con organizaciones sindicales, ambientales y sociales que representen a los potenciales damnificados por los efectos negativos que puedan tener las inversiones. La agenda de Responsabilidad Social Empresaria promovida por las ETs no plantea una alternativa que pueda prescindir de las funciones regulatorias del Estado. El carácter voluntario de la RSE como modelo de autorregulación constituye su principal limitación.

Estos temas son parte un nueva generación de política internacional que expresa la búsqueda de formas de intervención pública para gobernar procesos productivos transnacionales en economías interdependientes. Evidencia de ello es la iniciativa de alto perfil que impulsa John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU, para generar consensos básicos intersectoriales en la definición de un marco global que delimite claramente las responsabilidades y obligaciones jurídicas de las empresas con los derechos humanos.

Lo que está en juego con un acuerdo de asociación UE-MERCOSUR es el riesgo de que se establezca un ‘régimen de impunidad’ que habilite a que las ganancias de las ETs con inversiones en ambos bloques se hagan a costa de violaciones de derechos básicos de las poblaciones. No hay que olvidar que en la globalización neoliberal las empresas transnacionales son las que mayores impactos tienen en los derechos humanos.