Fuente : Constanza Vieira, IPS Noticias, Bogotá

Mientras avanza la primera ronda de negociación de tratados de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y Colombia y Perú, destacados analistas colombianos advierten en el proceso un interés más político que comercial, destinado a "lavar la imagen" del cuestionado gobierno de Álvaro Uribe.

Con la consigna de alcanzar sendos TLC en el plazo más breve posible, 25 negociadores de la Unión Europea (UE) se reúnen entre el lunes y este viernes de forma separada con delegados de Colombia y Perú, luego de que en 2008 fracasó la iniciativa europea de un acuerdo de asociación bloque a bloque con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La negociación es confidencial, siguiendo el modelo estadounidense. Sólo el viernes 6 los delegados peruanos y colombianos conocieron la propuesta de la UE en medicamentos.

Colombia espera que el acuerdo esté listo antes de septiembre, luego de tres o cuatro rondas. Su ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, lo describe como "multipartito, ambicioso, exhaustivo y compatible con las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio".

Las 14 mesas de negociación no abarcan la delicada cuestión migratoria, aunque sí compras públicas, servicios, acceso a mercados, agro, propiedad intelectual, inversión, obstáculos técnicos al comercio, solución de diferencias y normas técnicas, entre otras.

Las exportaciones de Colombia a la UE equivalieron a 11,82 por ciento del total de las ventas de este país entre enero y septiembre del año pasado y sumaron 3.830 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio. Son, en su mayoría, productos primarios como café, carbón, ferroníquel y banano. Mientras, Colombia importa del área europea fundamentalmente maquinaria y equipos e industria básica y liviana.

Además, empresas europeas controlan en Colombia el comercio mayorista, el sistema financiero y los servicios públicos domiciliarios, y tienen fuerte influencia en el sector farmacéutico.

Como bloque, la UE está buscando más acceso al mercado de servicios latinoamericano, renglón en el que ya ocupa un lugar incluso más importante que Estados Unidos, según la organización no gubernamental Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca). Con estos TLC, la UE busca ante todo asegurar la propiedad intelectual europea, al tiempo que sus países miembros están promoviendo acuerdos bilaterales de seguridad inversionista en la región.

Para expertos reunidos el martes en Bogotá, este proceso entraña el fin de la CAN, el segundo bloque de integración más antiguo del continente americano que hasta 2005 estaba compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este país se retiró de la CAN ante el efecto que podían ejercer sobre su producción nacional los TLC que Colombia y Perú pactaron en forma separada con Estados Unidos. La ratificación del TLC entre Colombia y Estados Unidos está congelada en el Congreso legislativo estadounidense por cuestionamientos a la política de derechos humanos de Bogotá, interpuestos por el bloque del Partido Demócrata, en respuesta a una intensa movilización social en Colombia.

El acuerdo de Perú y Estados Unidos se inauguró el 1 de febrero, cuando ingresó a ese país andino un contenedor repleto de manzanas del occidental estado estadounidense de California. Ahora, Bolivia se marginó de la negociación con la UE y Ecuador no define aún su participación. Ambos países han tenido un estatus preferencial en la CAN, debido a la relativa debilidad de sus economías.

En el proceso, los países de la CAN optaron por debilitar el marco legal comunitario. Renunciaron a adoptar un arancel externo común, mientras flexibilizan progresivamente la legislación andina en materia de propiedad intelectual, política agropecuaria, inversiones y mecanismos de solución de diferencias, para permitir el libre comercio.

Por el camino, no sólo cambió la CAN. También cambió Europa. A finales de 2005, la UE sostenía que el acuerdo sólo sería bloque a bloque y estaría sujeto a la plena vigencia de los derechos humanos en los países andinos, y enfatizaba su interés en el fortalecimiento institucional de la CAN, para tener un socio más fuerte.

Incluso apostaba a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y discutía sobre la necesidad de aplicar principios de asimetría o tratamiento preferencial, que en su propio proceso de integración le permitió catapultar las economías de países como Irlanda, España y Portugal.

Pero desde entonces se impusieron en el bloque de los 27 países europeos otros intereses que están imprimiendo celeridad a la actual negociación. La renuncia europea a esos principios muestra que ésta es "una negociación con transformistas", según el ex negociador comercial colombiano y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Germán Umaña.

Mientras, Perú y Colombia se están alejando de una integración sudamericana, estimó Umaña en el foro "Tratados de libre comercio con la Unión Europea : Lo que no se ha dicho".

El foro, citado el martes en Bogotá por asociaciones campesinas e indígenas, centrales sindicales y plataformas que agrupan a miles de organizaciones de la sociedad civil de Colombia y a decenas de Europa, marcó el inicio de una campaña contra el TLC con la UE, que aspira a ser tan rápida como la negociación misma.

Luis Jorge Garay, doctor en economía del estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y ex negociador de la deuda externa colombiana entre 1984 y 1991, apuntó en el foro que los mercados de Colombia y Perú no tienen ningún interés económico para la UE.

Pero los TLC con ambos países sientan un precedente geoestratégico y de economía política para la expansión de la UE, asegurando para sí la propiedad intelectual y regulando asuntos ambientales y laborales, aseveró Garay.

A su vez, los dos gobiernos andinos "están dispuestos a aceptar costos inaceptables para nuestras sociedades", indicó, si bien por la estructura productiva de Perú, el costo comercial y económico de su estrategia de acuerdos comerciales bilaterales "no es mayor" para ese país.

Mientras, para el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, este tratado "no tiene una significación prioritariamente económica sino política", pues su aprobación "en medio de la crisis humanitaria" generada por una guerra interna de casi medio siglo legitimaría ante la UE la cuestión de las persistentes violaciones a los derechos humanos, subrayó Garay.

En su opinión, compartida por otros panelistas, "si el gobierno (colombiano) logra negociar rápido con la UE, genera un precedente con Estados Unidos que haría que sectores del Congreso estadounidense vean con mejores ojos el TLC" pactado con la administración de George W. Bush (2001-2009).

Cuestionado en escenarios internacionales por su cercanía con grupos paramilitares de ultraderecha y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto interno, Uribe ha tenido poco margen de negociación, señala el colectivo Recalca, también presente en el foro. Así, la estrategia del mandatario ha sido "comprar apoyo internacional con concesiones comerciales", según Recalca.

Con una opinión pública europea más sensible a cuestiones de derechos humanos, Uribe querrá "aceptar en forma rápida todas las imposiciones", y "bajo ninguna circunstancia podría, por ejemplo, levantarse de la mesa si las pretensiones europeas son inaceptables", opina Recalca.

Para Garay, "esto es básico para entender la lógica política de algunas cosas que ocurran en Colombia durante los seis meses en que va a ser negociado el tratado".