En su informe Mundial, la organización Human Right Watch dedica un capítulo a Colombia en donde señalan que continúan graves abusos por parte de grupos armados ilegales, provocando desplazamiento interno de miles cada año.

"Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, docentes, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras" revela el informe.

"El gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y abusos por parte del servicio de inteligencia nacional."

En 2011 se consiguió que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de acres de tierras a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero siguen aumentando los casos de desapariciones forzadas, hay alrededor de cincio millones de desplazados internos y no se ha sustituido las tierras a las vícitimas de la violencia paramilitar ni a la mayoría de los desplazados.

El informe revela que Colombia sigue siendo el país en donde más asesinatos de sindicalistas se presentan. "Si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo : 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales. Las amenazas contra sindicalistas —que se atribuyen principalmente a grupos sucesores de los paramilitares— han aumentado desde 2007".

Explican además que las condenas que se han logrado son menos del 10 por ciento de más de 2.900 muertes de sindicalistas desde 1986.