Dejando atrás los estándares voluntarios, veinte países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, representando a más de 3.8 billones de personas, votan a favor de una histórica resolución avanzando hacia un nuevo tratado vinculante para prevenir violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales

26 de Junio de 2014, Ginebra – Después de semanas de negociación y de lobbying frenético de las naciones del norte para evitar la creación de un tratado vinculante con obligaciones de derechos humanos dirigido a las empresas transnacionales (ETN), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) aprobó la Resolución A/HRC/26/L.22/Rev.1, que permitirá iniciar dicho proceso. El tenso debate que rodeó la Resolución desde el principio cuando en septiembre de 2013, 85 Estados abrieron el diálogo, la mayoría del grupo africano, el grupo árabe y los países del ALBA, llegó hoy a su fin con 20 votos en favor, 14 en contra, y 13 abstenciones.

Cuando el día jueves por la mañana la Resolución fue presentada en el CDH, Ecuador, China, Sudáfrica e India hicieron un llamamiento para que fuese aprobada por consenso la creación de un tratado vinculante que garantice a las víctimas de violaciones de derechos humanos de ETN el derecho de acceso a la justicia. A pesar de la expresa y firme oposición de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón y Reino Unido, quienes pidieron a los demás Estados miembros del CDH que se opusiesen a la Resolución, esta fue aprobada y muy bien recibida con un aplauso espontáneo en el hemiciclo, un evento inusual y excepcional en las sesiones de la ONU.

Después de haber observado el proceso de votación desde la misma sala del Palais de Nations, la activista brasileña Diana Aguiar comentó que “los argumentos basados en las amenazas de la delegación de la UE sobre los posibles efectos de la creación de normas vinculantes en las inversiones de las ETN en los países del sur, así como las declaraciones del representante de EE.UU. para incluir a las ETN en cualquier discusión sobre negocios y derechos humanos, son el reflejo de las políticas institucionales que no diferencian entre la protección del bien público y la defensa de los intereses privados”. También añadió que “el enfoque de múltiples actores (multi-stakeholder) de los países del norte, es un simple camuflaje de la profunda infiltración de las empresas en los gobiernos, quienes colocan los intereses de los inversores por delante de los derechos de las personas”.

Antes de la votación tanto Ecuador como Sudáfrica subrayaron el apoyo sin precedentes que centenares de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales prestaron a la aprobación de la Resolución. Como dijo el Embajador de Ecuador, “tenemos que agradecer las más de 500 organizaciones de la sociedad civil que formaron una coalición para demandar reparaciones a las víctimas y para apoyar nuestro esfuerzo”, añadiendo también que “sin su trabajo nada de esto hubiese sido posible”. La CampañaGlobal para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), ha estado involucrada en este proceso desde septiembre de 2013, cuando Ecuador anunció por primera vez la iniciativa.

“Una de las demandas principales de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, ha sido siempre la de crear un tratado vinculante que garantice el derecho al acceso a la justicia para las víctimas de las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por las ETN”, dijo Brid Brennan del Transnational Institute. “Acogemos con beneplácito la adopción de esta Resolución y estamos comprometidas en asegurar que el proceso en el seno del CDH, permita alcanzar un marco de protección a los derechos humanos basado en la justicia social y ambiental”.

El voto dividido entre los países del norte y del sur del mundo, muestra claramente quien quiere defender los intereses del capital transnacional y quien por el contrario, quiere defender los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.