Las familias de dos jóvenes ejecutados y uno herido por el ejército lograron que un juez, mediante una acción administrativa, ordenara al ejército nacional de Colombia, por primera vez, pedir perdón públicamente en el lugar del asesinato de estos dos jóvenes.

Verdades como puños son dichas al ejército por madres de víctimas de ejecuciones

Este pasado 10 de marzo, los familiares de las víctimas de la ejecución extrajudicial de Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe y Manuel Antonio Tao Pillimué, junto al sobreviviente, William Cunacué Medina, estaban en Belén, un pequeño poblado al sur oriente del Cauca en límites con Huila, municipio de Inzá.

Hortensia y Manuel fueron ejecutados el 8 de enero de 2006 por el batallón Cacique Pigoanza, quienes después de su asesinato fueron presentados como guerrilleros muertos en combate (los mal llamados "falsos positivos"), se alteraron las pruebas, y desplazaron los cuerpos hasta el departamento del Huila donde los dejaron y prepararon el "escenario". También resultó herido de gravedad William, quien fue llevado a la cárcel sin atención médica, con riesgo de ser desaparecido y después fue judicializado como perteneciente a las FARC. Después de 6 años de proceso judicial, la juez encargada del caso dio razón a las familias de las víctimas, desmintiendo la versión del ejército.

Hasta última hora, los militares del batallón Pigoanza en cabeza del coronel López y el teniente Herrera intentaron cambiar el lugar del acto, no hacerlo en el monumento de la memoria la "Gruta de la Vida", sino en un lugar cerrado como una casa de acción comunal. Los efectivos se mostraron molestos ante la presencia de observadores internacionales y las delegaciones nacionales que se hicieron presentes.

La digna firmeza de las familias hizo que todo se realizará en la "Gruta de la Vida" donde se encuentra un pequeño montículo que recuerda a todos los que allí transitan lo que sucedió el 8 de enero de 2006.

Las familias con esa misma firmeza manifestaron su indignación por lo allí ocurrido y las miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales reportadas en Colombia. Para ellas, sobre todo en palabras en Luz Marina, portavoz de las familias, ese acto de perdón es insuficiente "éste es sólo el principio de una larga batalla penal contra la impunidad que se vive en Colombia".

Los familiares exigieron que se diga la verdad, los nombres de los 30 militares que estuvieron aquella madrugada. Estas familias sostienen que los responsables de la ejecución que se encuentran en el más alto nivel del batallón y de la brigada no han sido sancionados, por el contrario, algunos han sido ascendidos.

Durante el acto, los militares afirmaron que lo sucedido fue un error "cometido en el ejercicio" por lo que sólo ofrecen disculpas. Las familias expresaron con claridad que no fue un error, se trató de un plan premeditado, de una política de las fuerzas militares que pretende asegurarse con la impunidad.