“El banco Santander, la multinacional Banif, la compañía francesa GDF-Suez y el Estado francés, como accionista de esta última multinacional, no han respetado los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales en la construcción de las centrales hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau, sobre el río Madeira en la Amazonia brasileña”. Así empieza el resumen del caso presentado por escrito ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por la construcción de las dos represas.