Unión Fenosa viola derechos humanos
y ambientales en América Latina
La empresa española Unión Fenosa es acusada ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión en Perú, por graves violaciones
de los derechos humanos y graves impactos ambientales y sociales cometidos en
Colombia, Guatemala, México y Nicaragua. También han sido acusados por
connivencia con dichos delitos, los Gobiernos y oligarquías locales, las
Instituciones Financieras Internacionales y el Gobierno español.
Unión Fenosa es una empresa
internacional -de origen español- del sector eléctrico que ocupa un puesto
importante entre las empresas de la electricidad en Mesoamérica y Colombia. Su
dominio en estas regiones se construyó mediante la compra de las antiguas
empresas estatales de distribución eléctrica a un precio más bajo de su valor
real. Por otro lado, estas compras le permitían, en casi todos los países,
establecerse en régimen de monopolio, como es el caso de Nicaragua y República
Dominicana, o con una parte muy importante, como es el caso de Guatemala y
Colombia.
En Nicaragua y Guatemala, Unión Fenosa es
acusada de violar flagrantemente los Derechos Humanos: vulnera el contrato de
concesión, falta de inversión en la red eléctrica y alumbrado público que
provoca pérdida de vidas humanas, cortes en el suministro eléctrico,
discriminaciones en los racionamientos, abusos a los usuarios (elevadas
tarifas, cobros indebidos, facturaciones desproporcionadas) y en los Derechos
Laborales y Sindicales de sus empleados y de las contratadas. Es importante
destacar que estas afectaciones en el caso de Nicaragua no se circunscriben
como en otros casos presentados ante el Tribunal a una zona o una comunidad: la
afectación es en la casi totalidad del territorio y la población del país.
En Colombia, Unión Fenosa en
sus actividades de generación es acusada, en el caso del embalse de Salvajina,
de no responsabilizarse de los impactos sociales y ambientales provocados a las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y de las
compensaciones derivadas del Acta de 1986.
Unión Fenosa aprovecha su
posición de poder en Colombia para promover una legislación que va contra la
población colombiana, al no contemplar la obligación de la empresa
distribuidora de mejorar y ampliar la red de distribución eléctrica, no
obligando a la universalización de un servicio básico como el acceso a la
electricidad, vulnerando el derecho fundamental a tener acceso a un nivel de
vida adecuado.
En México, Unión Fenosa
es acusada de estar contrayendo deuda ecológica por la construcción del Parque
Eólico La Venta en el Istmo de Tehuantepec, con más de 500 aerogeneradores y la
ocupación de más de 1.000 hectáreas, provocando la resistencia de las
comunidades y de la sociedad civil, que han perfilado su lucha contra el
proyecto, no sólo por lo que significa en términos de violación de los derechos
humanos básicos de la región, sino porque desde un principio se ha manipulado
la información para engañar a las comunidades y ocultar los costos sociales y
ambientales reales para la región.
Eje temático: Privatización de
los Servicios Públicos y Violación de Derechos Fundamentales
Organizaciones denunciantes: Campaña
Internacional: La Ir-Responsabilidad Social de Unión Fenosa. Capítulo I:
Nicaragua a oscuras, Movimiento Social Nicaragüense (Nicaragua), Observatorio
de la Deuda en la Globalización – ODG, OMAL-Paz con Dignidad (Estado Español),
Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos Atarraya en Defensa del Agua y la
Energía, Sintraelecol, Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra (Colombia), Ceiba
(Guatemala), Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica, Red
Latinoamericana contra las Represas (REDLAR).