Suez privatiza
territorios para lucrar con la energía en Brasil
La empresa
francesa Suez, en su sector energético, ha aplicado en Brasil una estrategia de
transformación de territorios en espacios productores de mercancías; a través
de la participación en proyectos de generación eléctrica, con impactos como la
depredación ambiental, con pérdida de biodiversidad, privatización del agua a
través de la creación de represas, violando y despreciando los derechos de los
pueblos locales e indígenas y con una política de represión y criminalización
de los movimientos sociales que se les oponen, como el MAB (Movimientos de
Afectados por Represas, de acuerdo a su sigla en portugués).
El Grupo de
Trabajo sobre Servicios de la REBRIP (Red Brasileña por la Integración de los
Pueblos), está presentando ante el TPP una denuncia basada en los impactos de
la construcción de dos represas hidroelectricas; Estreito y Cana Brava. En
Estreito, Suez generó pérdida de la calidad del agua del río Tocantins después
de la construcción de la represa, disminución y exterminio de especies de
peces, tortugas (tracajás) y pequeños cetáceos, expulsión de familias de las
riberas extractivistas sin definición de reasentamiento, afectación directa e
indirecta de tierras indígenas de los pueblos Avá Canoeiro, Krahô, Funil,
Xerente, Apinayé, Krikati y Mãe Maria y Gavião. Por su parte, Cana Brava es una
represa clave para la construcción de otras 14 hidroeléctrica en el sistema
Araguaia-Tocantins con gran impacto en los ecosistemas de Cerrado y de la
Amazônia, 986 familias fueron desalojadas compulsivamente siendo apenas 25% de
las mismas resarcidas y de forma injusta, no hubo supresión de vegetación en el
entorno de la represa lo que provocó la contaminación de las aguas del lago.
En Brasil, Suez
Energy (ex Tractebel), fue una de las transnacionales que más se benefició del
primer ciclo de privatizaciones en los años 90. Específicamente en los casos
destacados (Estreito y Cana Brava) la empresa se involucró directamente en el
financiamiento electoral y post-electoral de autoridades políticas de los
Estados de Goiás y Tocantins. Procesos de autorización y operación de esas represas
están, por lo tanto, comprometidos por falta de transparencia y corrupción. Estas
hidroeléctricas fortalecen el patrón depredador y concentrador de remodelación
del territorio en la medida que abastecen de energía barata a la cadena
industrial electro-intensiva que se viene ampliando en esa región.
Con su accionar en Brasil, Suez Energy ha violado
convenios internacionales sobre derechos culturales; compromisos en materia de
agua, saneamiento y asentamientos humanos, la propia Constitución Federal de
Brasil, el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales), como por ejemplo en los derechos a un nivel de vida y vivienda
adecuado, así como el derecho al agua. Tampoco se han contemplado los
Criterios, directrices y recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas
(2000).
La presentación del caso ante el TPP también busca
visibilizar el papel y la lógica de empresas que buscan controlar y gerenciar
nuestros recursos naturales y nuestro territorio, contribuyendo a vincular
luchas locales con estrategias continentales de resistencia contra las
transnacionales y los acuerdos marco que las favorecen.
Eje temático: Privatización de
los Servicios Públicos y Violación de Derechos Fundamentales
Organizaciones denunciantes: Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB) y Red Brasilera por la Integración de los Pueblos
(REBRIP).